Desde abril del pasado año, la situación legal de Santrich ha sido un sinfín de incongruencias y fallos en contra en relación con la solicitud de extradición que emitió la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en donde es acusado por tres delitos: “concierto para importar cocaína, intento de fabricar o distribuir cocaína, e intento de importar cocaína”.

Bajo el tratamiento especial de la JEP, que ofrece una Garantía de No Extradición para cualquier excombatiente que se encuentre vinculado a procesos ilícitos dentro del proceso de guerra hasta la fecha que se llevó a cabo el consenso de paz, 01 de diciembre de 2016, se pudo aplazar la solicitud y se sometió a estudio en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz para verificar solo la fecha en que se habían cometido estos tres delitos por los cuales se solicitaba la extradición proveniente del país norteamericano.

Para el sometimiento de los respectivos estudios por parte de la JEP al caso de Santrich, se necesitaban unas pruebas incriminatorias en donde se evidenciara de manera clara y directa únicamente la fecha (no la culpabilidad) de la realización de los delitos, para así saber si se puede acoger a la Garantía de No Extradición que brinda esta Jurisdicción a todos los vinculados al conflicto armado; sin embargo, no se culminó óptimamente la completa entrega de estas pruebas, sin importar que la orden fuera dictada desde la Corte Suprema de Justicia hacia la Fiscalía General de la Nación, en donde el exfiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, luego de su renuncia por la orden de no extradición y liberación inmediata de Jesus Santrich a mandos de la JEP, publicó una serie de videos y audios que son presentados como pruebas que vinculan al excomandante en procesos ilegales.

La JEP responde con la denuncia que las pruebas jamás fueron recibidas e inculpa al gobierno norteamericano de violar las normas de cooperación internacional y asistencia judicial en recolección de pruebas y que la Fiscalía General de la Nación omitió el deber de respetar derechos y garantías ciudadanas, según el diario El Tiempo.

Al momento de la liberación de Santrich, que se encontraba recluido en la cárcel La Picota en la capital colombiana, se ordenó la recaptura por el testimonio que facilitó la Drug Enforcement Administration (DEA), de Marlon Marín, sobrino del excombatiente Iván Márquez, quien objetaba que había servido de contacto entre Santrich y los carteles mexicanos de droga.

Aunque la Procuraduría General de la Nación calificó de irregular la recaptura de Santrich porque aun no se hacía efectiva la liberación, la Juez 16 de Control de garantías desestimó la moción, según informa la W.