El máximo organismo del Ministerio Público pretende averiguar si dichas irregularidades habrían podido redundar en el asesinato de la líder social María del Pilar Hurtado Montaño, el pasado viernes 21 de junio.

A través de un comunicado, la Procuraduría anunció que “busca esclarecer si los comportamientos que posiblemente asumieron en este caso los funcionarios son constitutivos de falta disciplinaria, así como los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar”.

Otro de los objetivos de la investigación es determinar cuál fue el tratamiento dado a las presuntas amenazas que recibió María Hurtado, cuyo homicidio presenció uno de sus cuatro hijos, de 8 años.

Para su adelanto, la investigación también ordena la práctica de pruebas para que la Alcaldía de Tierralta, la UNP, el Ejército y la Policía entreguen información sobre las acciones tomadas ante “la presunta invasión de los predios, la identificación de sus propietarios, la aparición de un supuesto panfleto con amenazas (de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia [AGC]) y los pasos seguidos para establecer su veracidad”.

La indagación fue abierta teniendo en consideración que la líder social asesinada vivía en un barrio popular que se levantó a raíz de una invasión en el 2013. Asimismo, se llegó a saber que el dueño de uno de los lotes invadidos por Hurtado y su familia es Fabio Otero Paternina, terrateniente de la región y padre del ahora investigado alcalde de Tierralta, quien, luego de ser notificado sobre la apertura del proceso, manifestó tener en su poder videos, cartas y otras pruebas para hacerle frente al ente de control.

El mandatario local también subrayó su intención de colaborar durante la indagación. "Como alcalde del municipio de Tierralta, estoy presto a brindarle a la Procuraduría en todo lo que se me requiera. Considero que hemos hecho todo lo pertinente a todo este tema de invasiones, tenemos todas las actas, todas las socializaciones que se hicieron con estas personas que acudían a estos predios".