A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, Colombia vive una paradoja: mientras defendemos instituciones históricas como la JEP y la Comisión de la Verdad, la guerra sigue estallando en los territorios abandonados por el Estado. Ya dimos el paso del perdón; ahora toca exigir la paz que falta.

Por Juan Felipe Gómez Macías

Llegar a la primera década de la firma del Acuerdo de Paz es enfrentarnos a un espejo fracturado. Por un lado, el país celebra el coraje institucional de haber silenciado los fusiles más antiguos del continente; por el otro, lloramos sobre las cenizas de una violencia que se niega a desaparecer en las regiones. Es en esta encrucijada histórica, atrapados entre la esperanza de los tribunales y la zozobra de los territorios, donde cobran un sentido urgente las reflexiones de quienes ya transitaron el espinoso camino de la reconciliación.

“El conflicto para mí ya terminó y hay que ponerle punto final. La pierna no me va a crecer de nuevo, no voy a volver a hablar como antes. Esto ya pasó. Yo ya perdoné. La única manera de vivir uno es mirando hacia adelante. Si se la pasa mirando hacia atrás, se convierte en estatua de sal, como lo relata la Biblia. La verdad es que cuando uno perdona se alivia”. Esta reflexión de Antonio Navarro Wolff, plasmado en su libro Una asamblea que transformó el país, resuena hoy con una vigencia que estremece. Navarro no solo pronunció estas palabras, sino que las vivió: tras el asesinato de Carlos Pizarro, cuando el dolor y la traición dictaban que lo más fácil era volver a empuñar las armas, él eligió mantenerse firme en la institucionalidad. Al cumplirse exactamente diez años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, su ejemplo nos obliga a mirarnos como sociedad. El perdón es una necesidad para no quedarnos petrificados, pero a una década de aquel pacto es inevitable preguntarnos: ¿hemos mirado hacia adelante o seguimos atrapados en la sal de nuestras fracturas?

Si miramos hacia adelante, hay que ser justos y reconocer que el Acuerdo nos dejó cimientos invaluables. Nos entregó la Comisión de la Verdad, que si bien nació como un mandato del Estado, cobró vida, legitimidad y sensibilidad en los territorios gracias al trabajo incansable de mujeres extraordinarias como Lucía González, Marta Ruiz, Alejandra Miller y Patricia Tobón Yagarí. Ellas, junto al resto del equipo, del gobierno de paso, construyeron un espejo crudo que nos explicó por qué nos desangramos. Además, el pacto nos dejó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal inédito que logró lo impensable, obligar a excomandantes y altos mandos militares a mirarnos a los ojos y reconocer sus crímenes.

Ese cimientos son una ganancia histórica. Por eso, mi postura es tajante frente a las voces que hoy buscan acabar con la JEP: desmantelarla por caprichos o intereses políticos sería un error imperdonable. Quitarla sería arrebatarle al país la poca justicia restaurativa que ha logrado consolidar para las víctimas.

Sin embargo, defender lo que funciona no significa cegarse ante lo que falla. Como lo ha advertido el Instituto Kroc (garante oficial del Acuerdo) en sus Informes Comprensivos sobre el estado de la implementación, la desconexión es profunda. Según estos documentos de monitoreo técnico, mientras los puntos de diseño institucional avanzaron, las garantías de seguridad y la Reforma Rural Integral son los focos con mayor rezago y estancamiento. Es decir: el Estado creó leyes desde Bogotá, pero fracasó rotundamente en ocupar la Colombia rural.

Esa fractura territorial nos demuestra que el papel es paciente, pero la realidad, implacable. Hoy, la celebración oficial contrasta con un cinismo brutal. Mientras se twittea que hoy se habla de paz, las disidencias “celebran” a su manera: sembrando terror. A escasas horas de la mañana motobomba acaba de estallar cerca del Hospital de Balboa, en el Cauca, y apenas 18 horas antes, el horror golpeó la zona rosa de Algeciras, Huila, con otro atentado.

¿Cómo le pedimos a los habitantes de Balboa o de Algeciras que no miren hacia atrás, si el pasado les sigue explotando en la esquina de sus casas? A diez años del pacto, la cruda realidad es que la guerra no ha cesado. Nos libramos del conflicto exacto que conocíamos, pero quedamos a merced de nuevas violencias ante un Estado que llegó tarde, o que nunca llegó.

Navarro Wolff tiene razón: no podemos convertirnos en estatuas de sal mirando eternamente hacia las llamas de lo que fue. Hay que perdonar para aliviarnos. Pero exigir que el Estado ocupe los territorios, para defender a capa y espada instituciones vitales como la JEP y pedir que la paz deje de ser un privilegio urbano, no es mirar hacia atrás. Es asumir una postura crítica frente a un proceso de luces y sombras. Ya perdonamos; ahora nos toca proteger lo construido y exigir que cumplan lo que falta.