Un mundo que no valora a quien los trae a la vida es el reflejo de una sociedad en decadencia. Cuando la justicia ignora o llega tarde, la impunidad se convierte en regla.

Por John Barrios

El peso de la realidad se siente con más fuerza cuando se pone al lado de un nombre propio. Blanca Emeria Pardo Rosero tenía 72 años, era campesina y madre de seis hijos. Vivía en una zona rural de San Bernardo, Nariño, dedicada a elaborar y vender quesos. Esa mañana de agosto salió, como siempre, a recoger huevos y a cortar leña. Su hija la encontró en el potrero de una finca de la vereda Plazuelas, desorientada, con múltiples lesiones y expuesta al frío durante horas. Murió un día después, el 30 de agosto.

Su familia sostiene que el personal médico habló de signos compatibles con una agresión sexual. Conviene decirlo con rigor: mientras el examen forense no establezca los hechos, el abuso es una hipótesis investigativa y no una conclusión definitiva. Lo que sí está establecido es el silencio. Pasado más de un mes, no había capturados ni sospechosos identificados. Esta mujer, que parió y crió a seis hijos, sostuvo una casa con sus manos, murió en un potrero mientras el Estado todavía no sabe, o no dice, quién estuvo ahí.

Ese vacío es una forma de desvalorización. No hace falta que alguien lo declare; basta con que la ambulancia tarde, que el expediente avance a paso de burócrata, que el país se indigne dos semanas y luego mire a otro lado. Desde la vereda, este servicio médico tarda cerca de 45 minutos en llegar. Esa es la distancia exacta entre una mujer del campo y la atención que merece cualquier ciudadano.

Pero Colombia no es una anomalía, y sería un error de comodidad creerlo. Basta mirar lo que ocurrió en Francia, donde el nombre de Gisèle Pelicot se volvió bandera. Durante diez años, su exmarido la drogó a escondidas para que otros hombres la violaran mientras estaba inconsciente. Un tribunal declaró culpables a 51 hombres, con edades entre 27 y 74 años, por hechos ocurridos entre 2011 y 2020. No eran monstruos de película. Hablamos de bomberos, camioneros, enfermeros, militares y jubilados. Eran, en suma, los hombres de la puerta de al lado.

Lo que hizo diferente a Gisèle fue una decisión: rechazó el juicio a puerta cerrada al que tenía derecho, para que la vergüenza cambiara de bando. Esa frase es una de las más lúcidas de las últimas décadas, porque nombra el mecanismo secreto de la impunidad: que la víctima cargue con la culpa mientras el agresor se esconde en el anonimato. Gisèle tuvo un tribunal, un país entero a su favor y una voz que el mundo escuchó. Blanca, en cambio, tuvo pocas palabras, escasos momentos de lucidez y una hija que hoy da entrevistas en pódcast o programas de televisión para exigir lo que debería ser rutina: que las autoridades esclarezcan el caso.

La tercera pieza llega desde el mundo que presume de civilizado. En la Universidad de Cornell, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, una exestudiante denunció que fue víctima de una violación grupal en una fraternidad en 2024. La demanda se presentó el 14 de septiembre de 2026 contra la institución, siete estudiantes, además de otras personas y entidades. Dos años después, la fiscalía reabrió la investigación, y el fiscal del condado reconoció que se había apoyado en la pesquisa de la policía universitaria sin investigar de forma independiente. Es decir: ni siquiera con un campus, abogados y reglamentos la denuncia de una mujer fue suficiente. Su presidente admitió que la universidad «no estuvo a la altura».

Las tres historias parecen distantes: un potrero en Nariño, una sala de audiencias en Aviñón, una fraternidad en Nueva York. Sin embargo, comparten un hilo. En todas, el cuerpo de una mujer fue tratado como territorio disponible; en todas la respuesta institucional llegó tarde, o a medias, o llegó solo porque alguien gritó lo suficientemente fuerte. Gisèle tuvo que renunciar a su intimidad para ser escuchada. La joven de Cornell tuvo que esperar dos años y una demanda civil. A Blanca no le dieron ni siquiera ese tiempo.

Por eso la frase que abre esta columna no es un adorno retórico. Una sociedad que no valora a quien da la vida termina decidiendo, por acción o por omisión, cuánto vale esa vida cuando la toman por la fuerza. Hasta ahora, la respuesta ha sido demasiado barata: menos que un expediente, menos que una ambulancia a tiempo, menos que una captura.

Hay decadencia cuando se espera que sean los familiares quienes hagan el trabajo del Estado. Se manifiesta cuando la indignación dura menos que la investigación y, sobre todo, cuando seguimos necesitando íconos mundiales para que la justicia recuerde su oficio.

Blanca no necesitaba ser un símbolo. Necesitaba volver a casa con sus huevos criollos. Hoy lo mínimo que le debemos es lo que Gisèle exigió para todas: que la vergüenza cambie de bando y que, esta vez, tenga nombre y apellido.