Seis rostros que revelan una esperanza que se mantiene viva en la dignidad y la resistencia; en testimonios que siguen levantándose contra el silencio para recordarnos que el conflicto armado no logró arrancarles ni la voz, ni la identidad, ni el derecho a ser reconocidos como protagonistas de la memoria histórica del país.

Por Isa Katerine Charris, Jennifer León, Juan Felipe Gómez, Sara Mendinueta y Vanessa Gutiérrez

El desplazamiento desde el Cesar

Para Sara Mendinueta, hablar de la violencia en Colombia no es un ejercicio distante. Su historia familiar es el recuerdo de que antes de la Constitución de 1991 y las nuevas oportunidades hubo un país marcado por sangre, despojo y muerte. Escuchar los testimonios de sus abuelos, Rubén Oñate y Fermín Mendinueta, expone dos lados de una misma herida: la violencia que se vive desde afuera, también se sufre desde dentro. Son memorias que revelan hechos que no solo fueron titulares de prensa, sino también historias del corazón de un departamento que sufrió las repercusiones de la violencia: el Cesar.  

En palabras de Fermín Mendinueta, esa violencia “no es cuento, es una desgracia que aún se recuerda en los cerros donde quedaron enterrados muertos sin nombre, incluidos los cuerpos de hermanos de sangre”.

En 1960, la familia Mendinueta Castro perdió sus tierras, se desplazó a Barranquilla y arrastró consigo cicatrices. Su bisabuela dio a luz un hijo ciego por el estrés, su abuelo vio a sus hermanos heridos de machete y a su padre llorar la ruina. En esos años, el ELN ya había consolidado su presencia en el Cesar, una influencia que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se extendió desde el 2013.

La vida de Fermín fue atravesada directamente por los horrores de la violencia. Juan De La Rosa Mendinueta, su padre, un campesino trabajador en Mariangola (Cesar), había visto crecer su finca hasta que aparecieron las bandas de cuatreros, hombres armados que robaban ganado. El progreso se transformó en tragedia: animales descuartizados, persecuciones nocturnas, enfrentamientos armados y un asesinato que por poco no fue. 

La violencia no siempre se manifiesta de la misma forma. Indirectamente, Rubén Oñate también la vivió en 1983 y 1984. Cuando grupos paramilitares incursionaron en caseríos cercanos a Valledupar, Rubén conoció de frente la violencia como profesor en el corregimiento de Aguas Blancas. Él comenta que la dinámica en su familia cambió, y recuerda cómo “llegaron noches en vela por su seguridad, más las de su esposa en Valledupar por esperar volver a verlo”.

En el departamento del Cesar, entre 1985 y 2018 se registraron 16 728 víctimas (3,7 % del total nacional) por el conflicto armado, según datos recogidos por la Comisión de la Verdad. La cifra refleja el eco del miedo que se instaló en las aulas, en los caminos y en la memoria colectiva.

Los relatos comparten un mismo hilo: la ausencia del Estado, la impunidad y un ciclo de dolor que no termina. Ambas memorias evidencian que la violencia no fue un accidente, sino una decisión histórica que dejó deudas aún vigentes. Como subraya el politólogo Juan Pablo Camargo: “La reproducción de la violencia en Colombia gira en torno a dos aspectos principales: el primero es la ausencia por parte del Estado y la fragilidad estatal en esas mismas zonas”. 

El eco de la Sierra Nevada

Décadas después, se suma a este coro de memorias Ofelia Macías Fontalvo, madre de Juan Felipe. A sus nueve años, empezó a comprender que la vida en el campo podía ser un lugar de abundancia y, al tiempo, de amenazas constantes. En la segunda mitad de los años 70, la Sierra Nevada de Santa Marta fue el escenario de su infancia y de tensiones sociales por el auge del narcotráfico.

“En algunos momentos quise mejor no haber nacido para no estar viviendo esto”, narra Ofelia. Hombres armados llegaban a la finca, disparaban sin previo aviso y obligaban a su familia a esconderse. El apogeo de la marihuana a finales de los 60 trajo dinero rápido, corrupción y persecuciones. Y con la riqueza llegó la muerte. «Mi papá me dio una carta y me dijo: “Esta noche me van a matar; tú tienes que irte a Barranquilla con esta carta y buscar a tu madrina”». Así comenzó su huida.

Entre 2000 y 2022, la Sierra Nevada de Santa Marta registró 11 784 víctimas del conflicto armado (CNMH), no pocas asociadas al narcotráfico y el desplazamiento. Cuatro décadas después, Ofelia reconoce las secuelas. “Creo que la violencia que viví originó en mí todos los miedos que tengo. Hace 40 años viví lo mismo que escucho hoy en las noticias. Nada ha cambiado del todo, es como un círculo que se repite”.

La abogada María Camila Llinás, investigadora de Derechos Humanos, argumenta que la dignidad humana tiene efectos reparadores y de no repetición. “Supone la existencia de un momento histórico en donde la sociedad transita hacia la ausencia de violencia”, comenta. De Mariangola a la Sierra Nevada, del Cesar al Magdalena, los relatos son espejos del mismo país donde el desplazamiento y el miedo heredado cambian de rostro, no de esencia.

En la misma zona de la Sierra, Lucy y Beatriz Daza representan otro testimonio de amenazas y abandono a la fuerza: desplazadas de Curazao (La Guajira) en 2002, llegaron al municipio San Juan del Cesar sin nada de lo que habían trabajado. “La justicia y la reparación han sido muy insuficientes, muy lentas; muchas familias no hemos recibido la indemnización que corresponde a las víctimas que fuimos afectadas por este desplazamiento forzado”, denuncian.

Juan de Acosta y el fraude del 70

La historia colombiana del siglo XX también se cuenta con urnas vacías, votos robados y una nueva forma de violencia surgida en la segunda mitad: la traición política y el despojo de la voluntad popular.

La figura de Gustavo Rojas Pinilla se alzaba entonces como la de un líder dispuesto a romper con el bipartidismo del Frente Nacional, una alianza entre liberales y conservadores considerada excluyente. “Cuando llegó la campaña presidencial del 70, la gente se volcó a la calle con la ANAPO (Alianza Nacional Popular)”, cuenta José Orlando Molinares. La emoción del pueblo era genuina. Juan de Acosta, en el departamento del Atlántico, vivía entre la esperanza y la precariedad. “No había luz”, recuerda Molinares. Sin embargo, el amanecer del 19 de abril quebró esa ilusión: las comunicaciones estaban cortadas y, de pronto, los periódicos anunciaron que Misael Pastrana Borrero era el nuevo presidente.

El testimonio de José Orlando no habla de una guerra de fusiles, sino de una guerra moral. “En Juan de Acosta no hubo disparos ni disturbios, pero sí broncas en voz baja: se paraban en las esquinas, se decían cosas, era agresión verbal sin llegar al contacto físico. Lo que se sintió fue desconfianza. Las consecuencias de ese error fueron grandes: se creó el M-19”.

De esa indignación nació el Movimiento 19 de abril (M-19), un grupo guerrillero que convirtió la frustración política en lucha armada. Este quiebre en la confianza popular generó un vacío estatal de legitimidad que fue llenado con armas. El politólogo Juan Pablo Camargo explica que la sustitución de autoridad en los territorios violentados por el conflicto armado da paso a estados paralelos o paraestados. “Son aquellos estados gobernados por grupos insurgentes o grupos armados que tienen poder político, poder social y poder económico”.

Cáceres, Antioquia: donde la calma se quebró

En el Bajo Cauca antioqueño, la guerra y el desplazamiento se volvieron paisaje cotidiano. Allí vivía Mirladys Garavito, testigo del miedo que se instaló en su vida y la de su comunidad. Mi hermano tenía una tienda y la guerrilla comenzó a decirle que le vendía víveres a los paramilitares; le dieron 24 horas para irse, no quiso y lo desaparecieron tres días. Después lo encontramos muerto”.

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), Antioquia es el departamento con mayor cantidad de víctimas del conflicto armado colombiano: 2,2 millones víctimas del conflicto armado, un total de 885.792 hogares. Hogares como el de Mirladys. “Perdimos todo: la finca, los animales y la tranquilidad. Nos desplazamos y nunca recuperamos la vida que teníamos”, recuerda ella.

Su historia resume lo vivido en muchas regiones del país, donde bastaba un rumor para condenar a alguien. Huir fue la única forma de sobrevivir con lo poco que podían cargar, para estrellarse con ciudades donde la violencia adquiere otro rostro: el silencio mediático y la fragilidad institucional que agrava la revictimización. “En aquellos lugares donde existe, el abandono estatal es un motor directo para crear desplazamientos, reconfiguración territorial y fracturas sociales”, sostiene el politólogo Juan Pablo Camargo.

Son vacíos que perpetúan nuevas formas de violencia simbólica y magnifican el dolor, pues la lucha por la reparación es tan dura como la violencia misma. “El Estado debe mostrar una igualdad mayor para poder cumplir con cada una de las indemnizaciones y que las víctimas puedan materializar los medios de rehabilitación, satisfacción, restitución, memoria y no repetición”, asegura la abogada Llinás.

El balón rodaba y el palacio ardía: 1985

El 6 de noviembre de 1985, Colombia amaneció con una herida que aún sangra. El Palacio de Justicia, símbolo de la democracia, fue tomado por el M-19. La historia se cerraba sobre sí misma, repitiendo una vez más la tragedia. “Yo era estudiante de primaria, tenía 12 años, recuerdo que en la televisión no se mostraban los disparos ni el humo, solo un partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena. Nos ocultaron la verdad”, evoca Luis Cure.

La censura atribuida al gobierno de Belisario Betancur convirtió el horror en mordaza. “Tristemente, los medios fueron manipulados por el poder. Presentaron el partido para distraer, para tapar lo que estaba pasando”, rememora Cure. 

Mientras el balón rodaba, el Palacio ardía. La justicia fue reducida casi a cenizas junto a la vida de sus máximos representantes, entre ellos, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía. “El efecto real de estas situaciones es el desconocimiento oficial”, advierte Llinás. Estas palabras de Luis Cure son un reclamo compartido con el sentir de toda la nación: “Conmemorar los 40 años de la toma del Palacio debe ser para las voces que se silenciaron, los cuerpos que nunca regresaron y la memoria que no debemos dejar morir. Que nunca más un gol, ni unas palomas, ni el silencio puedan ocultar la verdad de un país”.

¹

1. Este proyecto periodístico multimedia fue desarrollado en el marco de la asignatura ‘Estado, Historia y Gobierno’, bajo la orientación del docente catedrático Germán Corcho T. ↩︎